Podemos ha emitido este jueves, en la Casa José Saramago y en dos pases “B, la película” sobre el caso Bárcenas, con debate posterior con la presencia de uno de los productores de la misma, Francisco Javier Urdiales.
La película, dirigida por David Ilundain, que te deja pegado a la silla por su intensidad y crudeza, ha sido recientemente nominada a tres Goya, a mejor actor, Pedro Casablanc, mejor actor secundario, Manolo Solo y mejor guión adaptado.
A pesar del regalo que supone estas nominaciones a los Goya, el productor ha explicado las numerosas trabas que se han encontrado para realizar la película. En primer lugar, se tuvo que autofinanciar a través de un micromecenazgo con aportaciones de la gente, debido a la negativa de las administraciones a subvencionarla. Después ha encontrado numerosos obstáculos tanto en la grabación como en la distribución de la misma.
La película está basada en el sumario del caso del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas y en concreto en su declaración ante el juez Ruz, en el que expone de manera precisa toda la mecánica de financiación irregular llevada a cabo por el PP desde 1989, el manejo de su contabilidad B, el pago por parte de grandes empresas de importantes cantidades como donantes, así como el uso del dinero B tanto para financiar obras de la sede del PP, como para repartirlo entre los diferentes miembros de la cúpula del PP.
Entre los numerosos casos que la película transcribe del sumario de Bárcenas se encuentra la presunta financiación en el PP de Castilla-La Mancha, con Cospedal y Tirado a la cabeza, así como el supuesto amaño de la contrata de limpieza del por entonces gobierno municipal del PP en Toledo.
Precisamente, para acabar con la corrupción sistémica y aberrante que hemos sufrido en estos últimos años, no sólo con el caso Bárcenas, sino con la Gürtel, Púnica, Pujol o EREs, que ha costado a las arcas públicas más de 48.000 millones de euros, Podemos plantea un conjunto de medidas para luchar contra esta lacra, impedir el fraude fiscal e introducir la transparencia y la participación en la gestión pública.
Una de las primeras medidas que Podemos tomará será anular la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal del PP, la conocida ya como “Ley Berlusconi”, que acorta de manera escandalosa el tiempo de instrucción de los procedimientos judiciales penales, lo que impedirá en la práctica investigar de manera adecuada casos de corrupción que requieren mucho tiempo y medios. También propone despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y eliminar la dependencia de la Fiscalía del Gobierno.
Podemos propone eliminar los privilegios de los políticos, como son los fondos privados de pensiones o los aforamientos y reducirá su sueldo para que no sean superiores al de los funcionarios del Estado, medida que consideramos ejemplarizante, frente al aumento de sueldo del Presidente de 78.000 a 300.000 euros que propone Ciudadanos. También prohibirá por ley las puertas giratorias entre ex cargos públicos y grandes compañías como las eléctricas, vicio en el que han incurrido de manera sistemática tanto el PP como el PSOE.
Podemos desarrollará un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional, que se coordinará a través de un organismo independiente del Poder Gubernamental, con amplia participación de la sociedad civil. También pondrá en marcha un plan integral de lucha contra el fraude, especialmente de las grandes corporaciones, que garantice la autonomía de la Agencia Tributaria, impidiendo su uso partidario y ampliando su personal.
También se aprobará un paquete de medidas contra los paraísos fiscales para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia financiera, medidas de supervisión y control, y medidas sancionadoras. Se acabará con las sicav para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas.
Podemos ha demostrado que es posible tener cuentas de cristal, siendo también el único partido que no se financia a través de entidades bancarias. En este sentido, Podemos propone, entre otras muchas medidas dirigidas a permitir la transparencia y la participación ciudadana, que los programas electorales sean entendidos como contratos con la ciudadanía, por lo que en caso de incumplimiento, se plantea un mecanismo de revocatorio.
